martes, 10 de noviembre de 2009

Propuestas Legislativas de UNAD y Derecho Comparado. Aunando Esfuerzos

La Unión de Asociaciones y Entidades de Atención al Drogodependiente (UNAD),es una organización no gubernamental,sin ánimo de lucro,que interviene en el ámbito de las drogodependencias. En la actualidad, engloba a más de 250 entidades
formadas por personas afectadas, familiares, profesionales y voluntarios, que prestan servicios de apoyo (terapéuticos, asesoramiento y asistencia legal, prevención,formación,etc.) a las personas drogodependientes,a sus familias y a su entorno,para mejorar su calidad de vida y promover su pleno desarrollo personal y social.

UNAD inició su andadura en 1985,cuando la sociedad comenzaba a abrir los ojos a la gravedad de la problemática de las drogodependencias. Las personas atendidas desde las entidades de UNAD,además de supeditar su vida a la dependencia de una
sustancia,concentraban multitud de problemas:ausencia de recursos específicos de tratamiento,adquisición de enfermedades infecciosas añadidas como el VIH/SIDA o la Hepatitis por compartir material de inyección, estigmatización social por su vinculación a una sustancia ilegalizada,etc.


En particular, desde un principio, estas personas, muchas de ellas procedentes de entornos muy humildes y con escasas herramientas para enfrentarse a la vida, recorrían con frecuencia un camino desolado que les llevaba de la calle a la prisión,
a causa de la comisión de delitos relacionados con su adicción. De su mano, nos fuimos acercando a la terrible realidad de las prisiones, con el objetivo de seguir prestando una atención a personas con las que habíamos iniciado una labor terapéutica. Y allí nos encontramos con muchas otras personas con problemas de drogas,que no siempre recibían la ayuda adecuada.

Si bien es cierto que en materia de atención a las drogodependencias se han producido importantes avances en el mundo penitenciario, como por ejemplo la extensión de la dispensación de metadona, es una evidencia que las prisiones no cumplen con el cometido constitucional de perseguir la reeducación y reinserción social de las personas presas.

Esta realidad nosotros la constatamos día a día. Las prisiones modernas están alejadas de los núcleos de población y desgajadas por completo del mundo al que se pretende reinsertar;además,el nivel de hacinamiento está llegando a unos límites insostenibles de cara a mantener unas condiciones mínimas de seguridad y salud de las personas que habitan esos lugares,presos/as y personal penitenciario;los índices de enfermedades graves son altísimos en la población reclusa; los programas específicos de tratamiento de drogas son escasísimos si exceptuamos la metadona; la desproporción entre el personal dedicado al tratamiento penitenciario y aquel encargado de mantener el buen orden es abrumadora;todo ello constituye un muro, insalvable en muchas ocasiones,para las posibilidades de incorporación social de las personas drogodependientes allí recluídas.

Según recogemos en nuestro Estudio "Drogodependencias y Prisión:Situación de las cárceles españolas", de 2006, el perfil de la persona privada de libertad es el de un varón, de 34 años de edad, con muy baja formación académica y profesional, con situación socio-económica media-baja, con hermanos consumidores de droga, actuales consumidores de droga,penados en 2º grado,con antecedentes penales y con una condena media de 4 años.

La mayoría de estas personas está presa por delitos contra el patrimonio (robos o hurtos), seguidos a distancia por el menudeo de drogas. A pesar de ser delitos que no revisten excesiva gravedad, la Justicia les tiene destinadas penas desproporcionadas,teniendo en cuenta que son versiones artesanales de las estafas en masa o del tráfico de droga a gran escala.Sin embargo,son los más excluidos los que llenan las prisiones.

Esta dramática realidad y la certeza de que existen caminos más efectivos y humanos para abordar los problemas de delincuencia asociados a la drogodependencia,nos ha llevado,de forma incansable,a realizar propuestas en el
ámbito de la legislación penal, en la medida que afecta a las personas con las que trabajamos. Así hicimos, por ejemplo, con motivo de las reformas llevadas a cabo durante los años 2002 y 2003, en respuesta al retroceso marcado por las medidas
recogidas en el "Plan de Lucha contra la Delincuencia". Existe una filosofía común a todas las propuestas que realizamos,que se nutre,con la misma intensidad,del análisis jurídico especializado y de la observación directa de la realidad en la que intervenimos. Guiados por esta filosofía, defendemos la necesidad de que la legislación esté al servicio,no sólo de forma teórica,sino sobre todo efectiva, de los principios de resocialización y de incorporación social de las personas que delinquen. Y que toda la sociedad sea partícipe en la elaboración de normas que faciliten, y no impidan, la aplicación de medidas de tratamiento de drogodependencias en las personas que,llevadas por su adicción,quiebran la Ley.

Así,no sólo estaremos siendo más justos y más humanos,no sólo apoyaremos a una persona drogodependiente que ha delinquido a superar su adicción y a iniciar con más fuerza el camino de la incorporación social, sino que también estaremos
haciendo posible una Justicia que realmente sirva para prevenir el delito y convertirse en un instrumento de utilidad social. Muchas de las personas que conocimos a principios de los años ochenta ya no están con nosotros.No tuvieron la oportunidad de acceder a programas de reducción de riesgos,de consumir la droga en espacios higiénicos en lugar de estercoleros y esquinas rotas, de cumplir su condena en un centro terapéutico en lugar de entre rejas.

Muchas otras personas drogodependientes,en la actualidad,están presas,enfermas y abandonadas socialmente. Las propuestas a la reforma del Código Penal que, a continuación,presentamos tienen el objetivo de construir leyes que no sean ajenas a esta realidad,que no perpetúen la exclusión y que lleven como punta de lanza la incorporación social y no el castigo estéril.
Informe completo
UNAD

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